¿Recetas de austeridad para Madrid? El FMI exige a España eliminar las ayudas al combustible y meterle tijera a la burocracia para abaratar la vivienda
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto deberes urgentes y de calado estructural al Gobierno de España en su último informe de revisión de la economía del país. El organismo financiero multilateral ha emitido un paquete de recomendaciones directas orientadas a sanear las cuentas públicas y a atajar uno de los problemas sociales más acuciantes del territorio: la escalada de precios en el sector inmobiliario. Las directrices de la institución con sede en Washington apuntan a dos frentes de acción inmediata: el desmantelamiento definitivo de los subsidios energéticos remanentes y una reforma profunda en la tramitación del suelo para disparar la edificación de inmuebles.
El primer pilar de la ofensiva del FMI se centra en la consolidación fiscal, exigiendo al Ejecutivo la retirada inmediata de todas las ayudas extraordinarias al combustible y a la energía que se introdujeron para amortiguar el impacto de las crisis inflacionarias pasadas. Los técnicos del fondo argumentan que mantener estos incentivos generalizados supone una sangría innecesaria para el erario público y distorsiona las señales del mercado de consumo, entorpeciendo la transición hacia una economía descarbonizada. El organismo aboga por sustituir estas bonificaciones masivas por programas de asistencia social estrictamente focalizados que protejan de forma exclusiva a los hogares en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En lo que respecta al mercado inmobiliario —un ecosistema tensionado al límite en las principales capitales de la península—, las recetas del FMI se alejan de las políticas de control de precios y apuestan de lleno por el estímulo de la oferta. La institución insta a las autoridades españolas a agilizar al máximo la burocracia municipal y autonómica que paraliza los procesos de licitación y construcción de nuevos desarrollos residenciales. Según el diagnóstico del fondo, los interminables plazos administrativos actuales para calificar el suelo y conceder visados de obra operan como un cuello de botella artificial que encarece el producto final y desincentiva la inversión de las firmas promotoras.
Paralelamente, el informe macroeconómico advierte sobre los efectos contraproducentes que están generando algunas normativas vigentes en materia de alquiler, señalando que las medidas que incrementan la inseguridad jurídica de los propietarios terminan por reducir drásticamente la oferta de pisos en el mercado de arrendamiento. El FMI recomienda sustituir estas restricciones por una estrategia agresiva de colaboración público-privada destinada a levantar un parque masivo de viviendas asequibles y de alquiler social, facilitando la emancipación de la población joven y reduciendo la presión en las zonas urbanas más congestionadas.
Con las proyecciones de crecimiento económico del país bajo estricta vigilancia de los mercados internacionales, las directrices del fondo abren un intenso debate político en el seno de la coalición gubernamental sobre el rumbo de las políticas fiscales y de bienestar. Sindicatos y plataformas sociales ya han expresado su rechazo a lo que consideran una vuelta a las fórmulas de ajuste tradicionales, mientras que el sector empresarial y las patronales de la construcción aplauden el llamado a la flexibilización normativa. El desenlace de este pulso regulatoria determinará si España decide mantener el escudo social o si adopta las reformas de mercado exigidas por la ortodoxia financiera global.