Choque político en La Paz: El Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de instigar protestas para evadir su procesamiento judicial

La fractura interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y la política boliviana alcanza un nuevo punto de ebullición. En una contundente comparecencia pública, el Gobierno de Bolivia acusó formalmente al expresidente Evo Morales de alentar e instigar las recientes protestas sociales y bloqueos de carreteras con el único objetivo de evadir la acción de la justicia ante las investigaciones penales que pesan en su contra.

Los portavoces del Ejecutivo argumentan que el exmandatario está instrumentalizando el legítimo descontento de ciertos sectores sociales y económicos del país para construir una narrativa de "persecución política". Con ello, afirman, Morales busca blindarse e impedir que los tribunales avancen en el esclarecimiento de los expedientes judiciales que lo señalan por presuntos delitos de carácter penal.

Los argumentos del Ejecutivo frente a las movilizaciones

La postura del Gobierno de La Paz se articula en torno a tres señalamientos directos hacia la estrategia del líder cocalero:

• Bloqueos como chantaje judicial: Para las autoridades institucionales, las convocatorias a cortar el tráfico en rutas troncales no responden a demandas gremiales genuinas, sino a un mecanismo de presión e intimidación diseñado para doblegar la independencia de los jueces y fiscales a cargo de sus casos.

• Desestabilización económica calculada: El Gobierno denuncia que la interrupción del libre tránsito en departamentos clave como Cochabamba agrava deliberadamente la inflación y el desabastecimiento de carburantes y alimentos, castigando a la población civil para forzar un escenario de crisis que obligue al Ejecutivo a negociar una amnistía de facto.

• Ataque a la institucionalidad del Estado: Se señala que el discurso de Morales, al tachar sistemáticamente de "ilegítimo" al aparato judicial cada vez que es citado a declarar, lesiona gravemente el Estado de derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas del país.

El laberinto judicial de Evo Morales

Exigencia del debido proceso: Desde las filas de los sectores "evistas" y la defensa legal del expresidente, la lectura es diametralmente opuesta. Sus partidarios sostienen que las causas penales abiertas en los últimos meses carecen de fundamento jurídico real y son parte de un plan diseñado desde los despachos oficiales para inhabilitarlo políticamente y sacarlo de la carrera electoral.

Con el país sumido en una tensa polarización y las carreteras del Chapare bajo constante vigilancia policial, el pulso entre las dos facciones del oficialismo se traslada ahora con fuerza al escenario legal. El Gobierno insiste en que ningún ciudadano, independientemente de su relevancia histórica o política, puede estar por encima de la ley, mientras que las bases movilizadas advierten que la reactivación de cualquier orden de aprehensión contra Morales desatará una ola de protestas de alcance nacional.