Cerco al sistema bancario: Trump firma una orden ejecutiva para endurecer el control sobre el estatus migratorio de los clientes

En un nuevo y contundente paso dentro de su política de tolerancia cero hacia la inmigración irregular, el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que instruye a los bancos y reguladores financieros a vigilar de cerca el estatus migratorio y la ciudadanía de sus clientes. La medida busca limitar el acceso al sistema bancario formal a personas sin autorización legal para residir o trabajar en los Estados Unidos.

El decreto presidencial argumenta que la extensión de créditos, préstamos y tarjetas a la población indocumentada representa un "riesgo de crédito" para la estabilidad financiera del país, ante la posibilidad de que los prestatarios sean deportados y dejen de pagar sus deudas. Sin embargo, tras meses de intensas negociaciones y presión (lobby) por parte de Wall Street, el texto final suavizó la propuesta original y no obligará a los bancos a recopilar la ciudadanía de cada uno de sus millones de clientes de manera obligatoria, optando en su lugar por un enfoque basado en la detección de "actividades de riesgo".

Los puntos clave de la orden ejecutiva "Restaurando la Integridad del Sistema Financiero"

La orden de la Casa Blanca modifica los criterios de diligencia debida (Customer Due Diligence) bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) y pone el foco en patrones financieros específicos:

• Punto de mira sobre el uso del ITIN: El decreto señala el uso del Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) —utilizado comúnmente por trabajadores indocumentados para declarar impuestos en lugar de un número de Seguro Social— como un factor de riesgo que obligará a los bancos a realizar una debida diligencia mejorada (Enhanced Due Diligence) para verificar si el titular posee estatus legal.

• Persecución al empleo y nóminas "en negro": Se instruye a los reguladores a rastrear patrones de retiros de efectivo o depósitos recurrentes que coincidan con ciclos de nóminas fuera del sistema regulado (microestructuración), así como el uso de plataformas peer-to-peer (P2P), procesadores de pago externos o remesas no registradas para pagar salarios ocultos.

• Revisión del criterio de "Capacidad de Pago": La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) deberá evaluar modificaciones normativas para aclarar que la posible deportación y la consecuente pérdida de salarios de un cliente deben ser considerados factores de riesgo legales al evaluar la capacidad de un solicitante para pagar un préstamo.

• Cuestionamiento a las identificaciones consulares: La orden insta a revisar las normativas de los Programas de Identificación de Clientes (CIP), alertando sobre los presuntos riesgos que las tarjetas de identificación emitidas por consulados extranjeros representan para la seguridad del sistema financiero de EE. UU.

Tabla: El impacto de la orden en el ecosistema financiero

Área Afectada	Disposición de la Orden Ejecutiva	Repercusión en el Mercado
Bancos y Entidades de Crédito	Deben aplicar auditorías más estrictas ante señales de sospecha migratoria sin llegar al registro universal obligatorio.	Alivio temporal en Wall Street por evitar la burocracia masiva, aunque aumentan los costes de cumplimiento normativo.
Usuarios de cuentas con ITIN	El uso de este número para abrir cuentas o pedir créditos será catalogado automáticamente como "alerta de riesgo".	Mayor dificultad para acceder a cuentas corrientes; las hipotecas bajo ITIN (ya de por sí residuales) quedan al borde de la extinción.
Empresas y Contratistas	Mayor escrutinio sobre el movimiento de efectivo y transferencias que emulen el pago de nóminas "off-the-books".	Presión indirecta sobre los sectores agrícola, construcción y servicios que dependen de mano de obra indocumentada.

Las advertencias del sector bancario y defensores de DD. HH.

La reacción de la industria y las organizaciones civiles no se ha hecho esperar. Aunque la American Bankers Association (ABA) ha mostrado una postura institucional de cooperación para evitar delitos financieros, los analistas recuerdan que el sector privado frenó la primera versión del decreto de marzo pasado argumentando que un control estricto de ciudadanía a nivel nacional generaría un caos documental impracticable.

El riesgo de la desbancarización: Por su parte, las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han advertido que empujar a la población indocumentada fuera del sistema regulado no detendrá la actividad económica, sino que provocará un aumento masivo de personas "no bancarizadas" (unbanked). Esto forzaría a miles de familias a mantener sus ahorros en efectivo fuera de los circuitos legales, exponiéndolas a redes de usura, robos y economías sumergidas incontrolables.

Con un plazo de 90 días dado al Secretario del Tesoro para proponer los cambios regulatorios definitivos, el sector bancario estadounidense entra en una fase de reconfiguración operativa, convirtiendo los mostradores de las sucursales financieras en una nueva e indirecta línea de control migratorio.