TSJ en el exilio proclama a Edmundo González como presidente electo

Según el TSJ en el exilio, las elecciones no cumplieron con los principios de transparencia y veracidad del sufragio que exige la Constitución venezolana, por lo que procedió a declarar su inconstitucionalidad.

Además, el TSJ legítimo invalidó el documento emitido por Caryslia Beatriz Rodríguez, quien ostenta el cargo de presidenta del Supremo aliado a Maduro, y otros abogados, con el que se intenta dar luz verde a un proceso electoral viciado, al tiempo que rechazó la persecución política contra quienes se oponen pacíficamente al régimen actual.

El organismo judicial venezolano cuestionó también la grave situación de inconstitucionalidad que se registra en ese país.

Según la resolución, Venezuela constituye en estos momentos un «Estado fallido», en el que los poderes públicos y las fuerzas del orden actúan en complicidad con el régimen de Maduro para sembrar miedo y zozobra entre la población.

Ante esta situación, el TSJ hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado a cumplir con su deber constitucional de proteger al pueblo venezolano y garantizar la convivencia democrática.

En su pronunciamiento, el tribunal recordó que la Constitución de Venezuela establece que el país es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, basado en valores como la libertad, la igualdad y los derechos humanos.

Asimismo, subrayó que la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela exige un proceso transparente, con etapas claras y públicas, que fueron ignoradas durante las elecciones de julio.

El TSJ en el exilio señaló que la judicialización indebida del proceso electoral y la injerencia de altos funcionarios del régimen han contribuido a mantener en el poder a Nicolás Maduro, en detrimento de la voluntad popular.

De igual forma, el organismo defendió el derecho constitucional a la resistencia civil, consagrado en el artículo 350 de la Constitución, que permite a los ciudadanos desconocer cualquier autoridad que contravenga los principios democráticos o atente contra los derechos humanos.