El ex presidente peruano Alberto Fujimori permanecerá en prisión luego que un juez declarara este viernes improcedente una decisión del Tribunal Constitucional que pedía restituirle el indulto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le revocó en 2022.
«Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus», anunció el Poder Judicial vía su cuenta en al red social X (antes Twitter).
El juez del Primer Juzgado de Ica, Vicente Fernández, dispuso devolver el fallo al Tribunal Constitucional (TC), porque no se considera competente para liberar al expresidente de 85 años, sentenciado en 2009 a 25 años de prisión
La decisión atiza la polémica latente desde el martes, cuando el TC dejó en manos del fuero judicial la potestad de decidir si procede a dejar libre a Fujimori, como pide un habeas corpus de marzo de 2022..
«Se debe cumplir la anterior sentencia (de 2022) que establece la inmediata libertad del señor Fujimori«, presionó Francisco Morales, presidente del TC.
«Remitánse los actuados al juez de ejecución del habeas corpus, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones», remarcó el auto judicial en sus conclusiones.
La liberación parecía inminente. «Espero que antes del sábado mi padre pueda estar con nosotras», había declarado el miércoles Keiko Fujimori, hija mayor del exmandatario y exlegisladora.
«He visto comentarios incomprensibles sobre lo que ha ocurrido en el TC con el caso Fujimori (…) No hay aquí ninguna orden de liberación», escribió por el contrario el exprocurador anticorrupción César Azabache en X.
Fujimori padece diversos problemas de salud, como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión.
Concedido en la Navidad de 2017 por razones humanitarias, el indulto fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido en marzo de 2022 por el TC.
La Corte Interamericana pidió entonces a Perú que «se abstuviera» de liberarlo hasta revisar un recurso de familiares de víctimas de su gobierno.
Fujimori cumple una condena por «crímenes contra la humanidad» en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes.
La justicia peruana lo sentenció por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del ejército.
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