El Gobierno británico explica ante la Justicia su plan para deportar inmigrantes ilegales a Ruanda

En el inicio de una serie de audiencias que se extenderán por tres días, el Gobierno británico comenzó a justificar ante la Corte Suprema del Reino Unido su plan para enviar a Ruanda a inmigrantes ilegales, iniciativa que fue declarada ilegal.

 En el transcurso de los encuentros, los jueces escucharán las explicaciones del Ejecutivo y de los solicitantes de asilo.

Durante su primera exposición, el abogado del Gobierno del primer ministro Rishi Sunak, James Eadie, dijo que se trata de una política a la que se le da «una importancia considerable».

«Hay una necesidad seria y apremiante de tomar medidas efectivas que actúen como un elemento disuasorio para aquellos que emprenden el peligroso y a veces mortal viaje, generalmente a través del canal de la Mancha, desde un país seguro, normalmente Francia», explicó y aseguró que esas travesías eran a menudo ofrecidas por «traficantes de personas».

«Sostenemos que existe un fuerte interés público por este objetivo político legítimo, de hecho, clave», agregó el letrado.

En el inicio de una serie de audiencias que se extenderán por tres días, el Gobierno británico comenzó a justificar ante la Corte Suprema del Reino Unido su plan para enviar a Ruanda a inmigrantes ilegales, iniciativa que fue declarada ilegal. 

En el transcurso de los encuentros, los jueces escucharán las explicaciones del Ejecutivo y de los solicitantes de asilo.

Durante su primera exposición, el abogado del Gobierno del primer ministro Rishi Sunak, James Eadie, dijo que se trata de una política a la que se le da «una importancia considerable».

Hay una necesidad seria y apremiante de tomar medidas efectivas que actúen como un elemento disuasorio para aquellos que emprenden el peligroso y a veces mortal viaje, generalmente a través del canal de la Mancha, desde un país seguro, normalmente Francia», explicó y aseguró que esas travesías eran a menudo ofrecidas por «traficantes de personas».

«Sostenemos que existe un fuerte interés público por este objetivo político legítimo, de hecho, clave», agregó el letrado.

Por su parte, abogados que representan a ocho solicitantes de asilo afirmaron que hay «defectos críticos» en el sistema de Ruanda para determinar el estatus de refugiado.

También hicieron referencia a la «captura del Poder Judicial» por parte del Gobierno ruandés y la represión a la disidencia política.

El acuerdo en cuestión fue anunciado en abril del año pasado, por el entonces primer ministro Boris Johnson.

Sin embargo, el vuelo inicial de deportación de inmigrantes ilegales, previsto para junio de 2022, fue bloqueado por una orden judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que todas las instancias legales en el Reino Unido hubieran sido concluidas.

La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, participó en ese proceso y aseguró que el país africano no tiene los «componentes mínimos» de un «sistema de asilo accesible, confiable, justo y eficiente».

Además, en sus presentaciones escritas ante la Justicia, expresó sus «graves preocupaciones» por la seguridad y la legalidad de esta política de deportaciones.

«Acnur mantiene su advertencia inequívoca contra el traslado de solicitantes de asilo a Ruanda en virtud del acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda», agregó.

Pese a los traspiés judiciales, el Gobierno británico insiste ante los tribunales en que es necesario revertir el fallo.

«Si vienes aquí ilegalmente, no debes obtener derechos», afirmó el secretario de Estado para Negocios, Grant Shapps, quien agregó: «Lo que no podemos permitir es que acá lleguen barcos con pandillas ilegales y cabecillas que trafican con personas, y que no hagamos nada».