Tensión creciente en Guatemala tras acusación de corrupción al gobierno por contrato millonario con la ONU
La Bernardo Arévalo administración enfrenta una nueva escalada de tensión con la Fiscalía General de la República de Guatemala, que este martes presentó acusaciones formales de corrupción vinculadas a un contrato por 943,9 millones de dólares firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la adquisición de insumos médicos.
El acuerdo, concretado en abril de 2024 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Guatemala), ha sido calificado por el fiscal Rafael Curruchiche como perjudicial para los intereses nacionales, pues sostienen que debió pasar por la aprobación del Congreso.
La fiscal general Consuelo Porras —quien junto con Curruchiche aparece incluida en listas de sanciones del gobierno de EE.UU. y la Unión Europea por “conductas antidemocráticas”— encabeza la investigación que apunta al mandatario Arévalo y a su hermano Martín como instigadores del contrato.
En su defensa, el presidente Arévalo calificó las acusaciones como “una ficción, son fantasías animadas de ayer y hoy” y negó cualquier intervención de su hermano en la gestión local de la UNOPS.
Este episodio se suma a una serie de procesos abiertos que, según la Fiscalía, alcanzan los veinticuatro casos contra funcionarios del gobierno. Pero para el propio Ejecutivo, estas acciones reflejan una estrategia de hostigamiento institucional en su contra.
De fondo, más allá del contrato específico, la crisis evidencia una batalla de poder entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que ya ha sido calificada por observadores como un ataque a la independencia de la justicia en Guatemala.
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